El ruido está considerado hoy como una de las principales fuentes de contaminación ambiental y un problema de salud a nivel mundial. Se le llama en algunos contextos el agente invisible porque su intangibilidad lleva incluso a que en ocasiones no se logre establecer una relación causal entre las molestias que se sienten en determinado lugar y la exposición a sonidos de altos decibeles.
La OMS apunta recordar que si bien la acústica es un tipo de contaminación que no se acumula ni traslada, repercuta muy fuertemente en la calidad de vida y por ende en la salud de las personas. De no controlarse de manera adecuada el ruido es uno de los problemas más extendidos y en aumento, y muchas veces ni siquiera las legislaciones de los países con capaces de atender el fenómeno de manera debida.
En Cuba el fenómeno de la contaminación sonora se mueve en una realidad que va desde problemas de obsolescencia tecnológica hasta indisciplinas sociales que más de uno ha tratado de equiparar con una faceta de nuestra idiosincrasia.
Existe un amplio aparato regulatorio, por solo mencionar algunas, entre las normas jurídicas aparecen la ley 81 del Medio Ambiente, el Decreto Ley 141/1988, los códigos de Seguridad Vial y Civil, y el Decreto Ley 200 de 1999.
Además, desde el 2015, a instancias del Gobierno, se crearon a todos los niveles comisiones de enfrentamiento a la contaminación sonora, encargadas de establecer planes de acciones para diagnosticar las fuentes emisoras y proceder a su manejo o erradicación, así como la educación de la ciudadanía.
Desde entonces y hasta la fecha se han multiplicado las denuncias ante las autoridades competentes (aunque la falta de equipamiento especializado como por ejemplo los sonómetros hace más difícil su labor de control), el proceso inversionista y el ordenamiento territorial se han intencionado en este sentido y entre la población ha crecido la percepción del riesgo; pero de igual forma crecen las vulnerabilidades para la proliferación del daño acústico.
