Caracas: Ante el recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos (EE.UU.), el Gobierno venezolano apuesta hoy por la aprobación de una nueva Ley Antibloqueo la cual generará mecanismos protectores frente a esas acciones, publica Prensa Latina.
Tras ser presentada por el presidente Nicolás Maduro para ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la iniciativa acaparó los titulares de los principales medios de prensa de Venezuela durante esta semana.
De ser aprobado, ese instrumento legal se convertiría en una respuesta jurídica para enfrentar las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Washington para asfixiar el país.
Según el mandatario la ley promoverá acciones para el fortalecimiento de la gestión pública, mejorará los ingresos de la nación y creará incentivos adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas.
Permitirá además al Estado venezolano proteger los activos ante las amenazas de confiscación, robo y saqueo, de los cuales esta nación ha sido víctima en los últimos dos años por parte de la derecha nacional, la Casa Blanca y sus aliados.
Asimismo, ayudará al establecimiento de alianzas productivas con empresas dentro y fuera del país para el desarrollo de sectores estratégicos, lo cual será un incentivo para las inversiones al flexibilizar la participación accionaria del Estado en empresas mixtas.
Todo ello facilitará incentivos laborales y tributarios, fortalecerá también el uso de criptomonedas en las operaciones comerciales para evadir la persecución financiera, recalcó Maduro al presentar la propuesta.
El anteproyecto de Ley Antibloqueo que estudia la ANC consta de 36 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. En uno de sus artículos propone facultar al Ejecutivo para reorganizar los entes descentralizados con fines empresariales mejorando su funcionamiento o la inversión del Estado.
La iniciativa legal busca proteger y asegurar la efectividad de las decisiones de protección ante las sanciones promovidas por EE.UU. y sus aliados, así como otras amenazas a servicios públicos o para la satisfacción de necesidades de la población.
De igual forma prevé la generación de recursos e ingresos adicionales por su aplicación para mitigar los efectos de los obstáculos, compensar los daños que las sanciones generan por despojo o inmovilización de bienes, lo cual beneficiará a la población.
Para ello contempla compensación de salarios y financiar el sistema de protección, y así volver a proveer servicios públicos de calidad y restituir la capacidad productiva nacional, sobre todo de las industrias estratégicas, sustituir importaciones y estimular los 16 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana.
Según expertos legales, de ser aprobada esta nueva ley, permitirá al asediado país salir adelante y satisfacer las necesidades de la población mediante iniciativas e incentivos económicos. (LHS)