La Habana: Modificar la política de Estados Unidos (EE.UU.) hacia Cuba es una promesa del presidente electo, Joe Biden, pero tendrá facultades limitadas contra el bloqueo y debe enfrentar una legislación diseñada para perdurar, explicó hoy una fuente especializada.
En exclusiva con Prensa Latina, la doctora en ciencias jurídicas Seida Barrera, enfatizó que el núcleo de la política hostil contra la isla lo conforman varias leyes, como las Torricelli y Helms-Burton, que solo el Congreso estadounidense puede eliminar.
Según la experta, desde 1959 Washington consideró que un sistema socialista podría atentar contra su posición de poder en la región, por lo cual tomó medidas para eliminar dicha amenaza: legalmente el bloqueo a Cuba comenzó en 1962, con la proclama 3 mil 447 del entonces mandatario John F. Kennedy.
‘El presidente no tiene facultades para ordenar su derogación, sin embargo, puede suprimir órdenes, proclamaciones, notificaciones y determinaciones del ejecutivo relacionadas con ese cerco’, aclaró la jurídica.
Además, tiene la potestad de accionar sobre agencias y departamentos federales bajo su mando, los más recurrentes en este sentido son los del Tesoro, de Estado y el de Justicia.
La también especialista del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre EE.UU. subrayó que las opciones para derogar las disposiciones del bloqueo pueden tardar años dadas las complejidades del mecanismo legislativo congresional.
‘Se diseñó de esa manera, aprovechando que en ese sistema la acumulación es un fenómeno inherente, por tanto, quitas un obstáculo y te pueden quedar varios más’, comentó.
Según fuentes oficiales, del 20 de enero de 2001 (fecha de toma de posesión del presidente George W. Bush) al 3 de noviembre de 2020 (celebración de las últimas elecciones) se procesaron 131 normativas jurídicas vinculadas al bloqueo, de las cuales el 100 por ciento resultaron prórrogas o modificaciones de legislaciones anteriores.
En opinión de Barrera, la administración de Barack Obama (2008-2016) evidenció cuánto puede hacerse para flexibilizar la aplicación de este cerco ya que el mandatario suscribió acciones ejecutivas que propiciaron un clima de seguridad.
‘Con Trump, en cambio, observamos todo el daño que se puede provocar en tiempo récord’, acentuó.
De hecho, la administración del republicano dejó en 2020 cifras inéditas de daños por esa política punitiva contra Cuba, recrudecida durante la pandemia.
El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, informó recientemente que, por primera vez en seis décadas, esta política hostil provocó pérdidas superiores a los cinco mil millones de dólares en un año.
Por otro lado, la aplicación extraterritorial se agravó entre 2019 y 2020 pues la Oficina para el Control de Activos Extranjeros impuso 12 penalidades, que superaron los dos mil 403 millones 985 mil 125 dólares.
De acuerdo con la experta, la coerción de Estados Unidos comenzó desde el triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959, a través de presiones a compañías extranjeras para que cesaran sus ventas a Cuba, luego la Ley Torricelli (1992) amenazó con sanciones a los países que cooperaron con la isla y la Helms-Burton (1996) perfeccionó este mecanismo.
Bajo el mandato de Donald Trump se iniciaron procesos legales al amparo de esta última legislación por primera vez en 23 años.
El accionar de demócratas y republicanos, los intereses de grupos de poder y las sanciones como método de presión evidencian para Barrera que en definitiva ‘la política se aplica con raseros diferentes, en dependencia de los intereses de las élites involucradas’. (LHS)