Quito: Las jornadas de demandas populares, vividas en Ecuador desde hace una semana, desataron una reacción represiva por parte de las fuerzas del orden, que para muchos dejará huellas imborrables en esta nación sudamericana, publica Prensa Latina.

Golpes, pateaduras, bombas lacrimógenas, motorizados contra grupos de personas y vehículos blindados militares a toda velocidad por las calles fueron algunos de los episodios vividos en la capital, donde las marchas comenzaron de manera tranquila, hasta acercarse a áreas aledañas al Palacio de Carondelet, sede de la presidencia, trasladada temporalmente a Guayaquil.

Según un balance ofrecido por la ministra de gobierno, María Paula Romo, suman 714 los detenidos durante todo el período de movilizaciones, iniciadas el pasado 3 de octubre, cuando entró en vigor el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel, y resultó en el alza del precio de pasaje en ómnibus público y de alimentos.

La arremetida policial alcanzó hasta la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Salesiana, establecidas como zonas de paz y áreas de refugio para indígenas, que desde el martes pasado llegaron a Quito desde otras provincias a fin de unirse al paro general.

Al referirse a esos incidentes, también registrados en el Ágora de la Casa de la Cultura, la ministra de Gobierno pidió disculpas y aseguró que de ninguna manera hechos como esos volverán a suceder.

En medio de ese panorama de violencia, muchas familias se preguntan si existe solución, cuando quienes protestan insisten en mantenerse en pie de lucha y el ejecutivo se niega a dar marcha atrás a reformas, las cuales solo afectan a las personas de menos ingresos.

Según el presidente, Lenín Moreno, tomar esas medidas antipopulares fue difícil, pero necesario, aunque el consenso más generalizado en medios opositores políticos y civiles es que la acción gubernamental fue acceder a seguir las recetas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional. (LHS)

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