La Habana__ Estados Unidos (EE.UU) anunciará en los próximos días si decide aplicar o no el Título III de la Ley Helms Burton, una iniciativa que evoca lo más oscuro de la Doctrina Monroe dirigida a destruir la Revolución Cubana, publica Prensa Latina.

Ese acápite había sido suspendido por cada administración en la Casa Blanca por seis meses desde 1996, pero la actual, encabezada por el presidente Donald Trump, optó por hacerlo por solo 45 días, postura calificada por la  Isla de chantaje político y hostilidad irresponsable.

Con la posible activación de dicha ley, EE.UU. apuesta nuevamente al efecto dominó para derrumbar a la Patria, aseguró hoy la investigadora Olga Rosa González.

La subdirectora del Centro de Estudios Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana, señaló en entrevista con Prensa Latina sobre Washington y sus pretensiones de fortalecer el bloqueo a Cuba para lograr su ansiado objetivo de un cambio de régimen.

Venezuela juega un papel importante en ese esquema político de la Casa Blanca, pues como efecto añadido de su intento de golpe de estado en la nación sudamericana para busca acabar con el sistema social de Cuba,  precisó.

'Es como si volviéramos a la historia, una legislación sin igual en el mundo por su marcado carácter injerencista y extraterritorial', añadió.

La Helms-Burton, puesta en vigor desde marzo de 1996, contempla la internacionalización del bloqueo; la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba; dificultando la inversión extranjera en la nación caribeña.

'Surgió en un contexto económico muy difícil para el territorio, pues con la caída del campo socialista en la década de los años 90 la Isla perdió a sus principales socios económicos y se vio obligada a insertarse en un mercado internacional prácticamente de cero', significó González.

Actualmente, 23 años después, Donald Trump amenaza con activar su capítulo III, el cual de hacerse efectivo en los próximos días, autorizaría la demanda ante tribunales estadounidenses para reclamar compensaciones por propiedades nacionalizadas en Cuba en 1960.

Aun cuando ese proceso (la nacionalización) se realizó bajo las normas internacionales, EE.UU. no quiso negociar como lo hicieron otros países, ratificó. (LHS)

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