El 12 de marzo de 1996, el Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) William J. Clinton firmó y puso en vigor la llamada Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática de 1996, o Ley Libertad, más conocida por los nombres de sus principales promotores, el senador Republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante Demócrata por Illinois, Dan Burton, pero con la que están comprometidos los sectores más conservadores y ultraderechistas del espectro político estadounidense y cubanoamericano.

A partir de mayo de 1996 y hasta la actualidad el Departamento de Estado notifica mediante Cartas de Advertencia a compañías inversionistas en Cuba en las llamadas "propiedades confiscadas".

La ley establece que cualquier compañía no norteamericana que tiene tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes de la compañía pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos. Esto significaba que compañías internacionales debían elegir entre comerciar con Cuba o comerciar con los Estados Unidos, que son un mercado mucho mayor.

Desde el punto de vista político, esta ley pretende aumentar el clima de hostilidad en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, para forzar la destrucción de la Revolución Cubana, y, desde el punto de vista económico, intimidar por todos los medios posibles a los empresarios extranjeros para tratar de evitar las inversiones y el comercio internacional con Cuba.

Desde el pasado 2 de mayo, con la activación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, Washington puso en vigor nuevas medidas agresivas contra la Isla, como parte de su política de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene desde hace 57 años.

La ley Helms-Burton procura universalizar la aplicación extraterritorial del bloqueo mediante el uso de presiones ilegales de Estados Unidos contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas, persigue asfixiar la economía cubana y, según su propia letra, busca imponer un gobierno que responda a sus intereses.

El Título III de la Ley Helms-Burton permite entablar acciones legales en tribunales estadounidenses contra entidades cubanas y extranjeras, y contra empresarios de terceros países que hayan invertido o tengan negocios de algún tipo que involucren bienes o propiedades nacionalizados luego de 1959.

En tanto el Título IV tiene por objeto impedir el ingreso a Estados Unidos de aquellos directivos de empresas y sus familiares, que invierten legalmente en Cuba en las propiedades que fueron nacionalizadas.

Si bien Cuba en todo momento ha estado dispuesta y abierta al diálogo, deja claro que no entablarán negociaciones que impliquen renunciar a nuestros principios y al derecho soberano de elegir nuestro propio camino.

La verdadera intención de esa legislación radica en reservar los bienes económicos de Cuba para los intereses de las grandes empresas transnacionales estadounidenses, y dañar aún más las relaciones legítimas de la Mayor de las Antillas con sus socios de cualquier parte del mundo.

Toda esta situación tiene un efecto económico, pero resulta imposible otro Período Especial en nuestro país. El territorio tiene relaciones comerciales fuertes y proyectos de inversión a largo plazo con múltiples naciones.

La nueva Constitución, los pasos dados como parte del Plan de la Economía hasta el 2030, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la infraestructura interna, y otras acciones dentro del país crean un escenario muy distinto al de aquel momento.

Los avances dependerán siempre, en gran medida, de nosotros mismos y nuestra capacidad para producir, ahorrar y construir un futuro de progreso. Cuba se mantiene como referente de la política internacional, con una diplomacia fuerte y prestigiosa, elementos esenciales para encontrar alternativas en el plano mundial, sin jamás olvidar las esencias. (LHS)

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