Quito: La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de suspender parcialmente tres leyes promovidas por el Gobierno genera hoy tensión entre el Ejecutivo y el organismo judicial, publica Prensa Latina.
Mientras desde la administración de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional (Parlamento) acusan a la Corte de debilitar la seguridad del Estado, sectores sociales y expertos en derecho aplauden el fallo como una medida necesaria para evitar violaciones a derechos fundamentales.
En una cadena nacional, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente del Legislativo, Niels Olsen, cuestionaron al órgano de control constitucional por dejar sin efecto temporalmente partes sustanciales de la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública.
“Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa y mientras ellos (policías y militares) se liberan en sus despachos ¿Quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles?”, dijo Rovira.
En sentido opuesto, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana (RC) emitió un comunicado en el que destaca el fallo como un precedente importante y evidencia la «irresponsabilidad» con la que está conducida la Asamblea, entidad que dio luz verde a las iniciativas.
Asimismo, la RC señaló que sobre los despidos masivos en el sector público, en gran medida amparados en la Ley de Integridad Pública, aún no hay pronunciamiento, por lo que darán continuidad a procesos de fiscalización.
En tanto, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos advirtió que es fundamental que el Ejecutivo respete el Estado de Derechos y la Constitución.
Constitucionalistas como Gonzalo Muñoz y Ximena Ron coincidieron en que la suspensión precautelar evita daños irreparables mientras se analiza el fondo de las demandas y reafirma la función de la Corte como garante de la supremacía constitucional.
Entre las disposiciones suspendidas figura una de la Ley de Integridad Pública que busca convertir a las cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas sujetas a la regulación bancaria, lo cual podría transformar su naturaleza solidaria y comunitaria.
En la Ley de Solidaridad Nacional, los magistrados frenaron varios artículos, entre ellos el que otorgaba al mandatario la posibilidad de otorgar indultos anticipados a policías y militares en el contexto del conflicto armado interno.
En cuanto a la Ley de Inteligencia, se suspendieron artículos que ampliaban las facultades del Sistema Nacional de Inteligencia para recopilar información, usar tecnología de vigilancia, acceder a bases de datos y comunicaciones, establecer fachadas y proteger la identidad de sus agentes.
La Corte también frenó partes del reglamento de esta última ley, y aclaró que la suspensión solamente afecta a los artículos señalados, mientras el resto de las normas continúan en vigencia hasta que se pronuncie de fondo sobre su constitucionalidad.
