Washington: La ofensiva política e ideológica impulsada por la Administración de Donald Trump y por el secretario de Estado Marco Rubio comienza a traducirse en medidas concretas de persecución contra medios de comunicación y organizaciones sociales de izquierda en Estados Unidos.
El pasado 22 de julio, el Comité de Recursos y Arbitrios (Ways and Means Committee) de la Cámara de Representantes emitió citaciones judiciales (subpoenas) contra tres entidades: el colectivo The People’s Forum, el medio independiente BreakThrough Newsy el Instituto Tricontinental.
La excusa oficial es una investigación sobre el supuesto “flujo de más de 39 millones de dólares vinculados al empresario tecnológico Neville Roy Singham” y presuntas “conexiones con organizaciones relacionadas con el Partido Comunista de China”. El comité afirma que pretende determinar si estas entidades, exentas de impuestos, “participaron en actividades políticas o de protesta” que pudieran contravenir la legislación fiscal estadounidense.
Sin embargo, el contexto político deja pocas dudas sobre el verdadero objetivo de esta operación. Apenas unos días antes, Marco Rubio había presentado el informe” Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, un documento que recupera la peor tradición del macartismo estadounidense al señalar como sospechosas a organizaciones, medios y movimientos que se oponen al bloqueo contra Cuba, apoyan la causa palestina o cuestionan la política exterior de Washington.
Lejos de limitarse a la propaganda, aquel informe parece haberse convertido en la hoja de ruta para una nueva campaña de persecución ideológica. Sus dos grandes objetivos son justificar el endurecimiento del bloqueo económico y las amenazas de intervención contra Cuba, al tiempo que criminaliza a quienes, dentro de Estados Unidos, expresan solidaridad con la Isla o con otras causas internacionales.
