Brasilia: La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunció hoy otro acto de persecución contra el expresidente brasileño, al ser acusado por cuarta vez en un caso relacionado con la operación judicial Lava Jato.
El juez Luiz Antonio Bonat, sustituto de Sérgio Moro, recibió este viernes la acusación del Ministerio Público Federal contra Lula y cuatro personas más por un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula, objeto de anteriores investigaciones por supuesta corrupción.
“La misma decisión ignora que Lula resultó absuelto definitivamente por el Tribunal Federal de Brasilia de la absurda acusación de formar parte de una organización criminal”, afirmó el abogado Cristiano Zanin Martins, al frente del equipo defensor del exdirigente obrero.
La nueva imputación se refiere a cuatro donaciones realizadas por la constructora Odebrecht a la fundación suprapartidaria y sin fines de lucro, por un valor de un millón de reales, unos 200 mil dólares, cada una después que el exmandatario no estaba en el poder.
Fiscales de la Lava Jato afirman que las transferencias se originaron a partir de delitos. Sin embargo, está comprobado que las señaladas por los apoderados se hicieron formalmente a través de donativos legales.
Bonat conjeturó en su dictamen que las evidencias son suficientes, en un juicio de cognición sumaria, para el recibimiento de la denuncia, porque tienen lastro probatorio mínimo que no favorece a los acusados’.
El documento afirma que Lula era ‘comandante y principal beneficiario del esquema de corrupción que también favorecía a contratistas. El exministro Antonio Palocci y Paulo Okamotto, titular del Instituto Lula, también son acusados en el proceso.
Para Zanin Martin, esta nueva maniobra resulta una persecución porque se aceptó procesar una acción penal fuera de lugar, la cual intenta transformar donaciones legales y contabilizadas para el Instituto Lula, no confundir con la persona del expresidente, en actos ilícitos durante el período electoral, en evidente práctica de lawfare, guerra jurídica.
Comunicó que, por estos motivos, entre otros, la decisión será impugnada por medios legalmente aplicables.
Lula estuvo encarcelado 580 días y salió de prisión el 8 de noviembre al determinar el Supremo Tribunal Federal que los presos sin sanción en primera instancia y que no representan peligro para la sociedad pueden esperar en libertad. (IVP)