La Habana: General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República.
Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Compañeras y compañeros, diputados y diputadas
La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, después de evaluar la información ofrecida por el Ministerio de Finanzas y Precios sobre la liquidación del presupuesto, los resultados de las acciones de control efectuadas por la Contraloría General de la República, y el cumplimiento dado a las recomendaciones a la Ley No 126 “Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019” de conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, emiten el siguiente dictamen:
Las recomendaciones efectuadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en la presentación del Presupuesto del Estado para el año 2019, dirigidas a sus Comisiones Permanentes, Ministerio de la Agricultura, Grupo Azucarero AZCUBA y Ministerio de Finanzas y Precios, han tenido una atención adecuada.
El Presupuesto del Estado del año 2019, se ejecutó en un escenario donde la economía estuvo marcada por fuertes tensiones económicas y financieras, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos con fuertes restricciones en la disponibilidad de combustible, que impactó en todos los sectores, con mayor fuerza en las inversiones, la agricultura, la producción de alimentos y el transporte.
A pesar de ello, se financiaron los programas de desarrollo social, los servicios básicos de la población, importantes inversiones de infraestructura, la vivienda y el apoyo financiero al sector empresarial. Se respaldó la justa decisión del gobierno de incrementar parcialmente el salario del sector presupuestado y las pensiones de la Seguridad Social, valorado en 4 mil 198 millones de pesos, que benefició a más de un millón 400 mil trabajadores.
La caída de más de 2 mil millones de pesos en la circulación mercantil minorista y otros ingresos no tributarios, provocó un impacto negativo en las fuentes de ingresos al presupuesto, siendo necesario que el Consejo de Estado aprobara el Decreto-Ley No.1 modificativo de la Ley No. 126 “Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019” incrementando el Déficit Fiscal a 7 mil 29 millones de pesos, 842 millones más que lo inicialmente aprobado, fijando la demanda financiera en 10 mil 963 millones de pesos.
Los ingresos brutos recaudados en el transcurso del año, ascendieron a 59 mil 546 millones de pesos, se incumplieron en 2,6 por ciento por las causas expresadas anteriormente. Un ejemplo de ello, lo constituyó el Impuesto sobre las Ventas, donde se dejaron de recaudar mil 268 millones de pesos, por las afectaciones provocadas en importantes renglones destinados a la población, como los materiales de la construcción, productos alimenticios, de aseo e insumos agrícolas, entre otros.
En el Impuesto sobre los Servicios se capta el 98,8 por ciento de los ingresos previstos, se incumplieron 53 millones de pesos, fundamentalmente por los servicios prestados por las personas naturales, que incluye a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.
Los aportes de las formas de gestión no estatal se cumplen al 107 por ciento, con un crecimiento del 19 por ciento. A pesar de ello, persiste morosidad en el pago de algunos tributos y subdeclaración de ingresos que requiere un mayor accionar de la Administración Tributaria y las Administraciones Locales.
El Impuesto sobre Utilidades y el Aporte de las Empresas Estatales se cumplen al 102 y 107 por ciento respectivamente, a pesar de que 787 empresas disminuyeron la utilidad y 88 registraron pérdidas cuando tenían utilidades planificadas.
Los gastos totales del año ascendieron a 65 mil 775 millones de pesos, el 98.1 por ciento de lo aprobado, en su inejecución incidieron las medidas restrictiva que se aplicaron a todos los sectores y constituyeron fuentes para el incremento parcial del salario al sector presupuestado.
En la actividad presupuestada se gastaron 41 mil 387 millones de pesos, que garantizaron los servicios básicos a la población, de los cuales, el 67 por ciento se destinaron a los sectores de la educación, salud pública y la asistencia y seguridad social. Otros sectores como la cultura y el deporte ejecutaron gastos por más de 2 mil millones de pesos.
Un destino importante en la ejecución del presupuesto del año, lo constituyó el financiamiento de 795 millones de pesos para subsidiar personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas, beneficiando a unas 16 mil personas y los 44 millones de pesos destinados a las viviendas de las madres con más de tres hijos menores de 12 años.
En visitas y controles realizados por los diputados a la ejecución de este programa, se ha podido comprobar la justeza de esta política, pero persisten problemas e insuficiencias que exigen se trabaje en su erradicación.
Al sector empresarial se transfirieron 19 mil 470 millones de pesos, como continuidad de su proceso productivo, el 57 por ciento financiaron producciones exportables y que sustituyen importaciones. El destino de estos recursos financieros, requiere mayor control de los organismos y las organizaciones empresariales, en función de lograr mayor eficiencia en su utilización.
Para la canasta familiar normada a la población con precios subsidiados, se ejecutaron 3 mil 444 millones de pesos, que benefició a todas las personas, además de la estabilidad que significa para las familias disponer con seguridad de estos bienes.
Los gastos y transferencia de capital ascendieron a 4 mil 918 millones de pesos, el 68 por ciento correspondieron a inversiones de infraestructura y de la vivienda. Se respaldaron los programas de agua y redes hidráulicas, viales, fuentes de energía renovables y restauración y conservación del patrimonio habitacional, entre otros.
Los Presupuestos Locales del Poder Popular alcanzaron el 96,5 por ciento del superávit planificado, cerrando con déficit en sus presupuestos, las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias de Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Las Tunas, sobregiraron el gasto planificado para el año, lo que denota grave indisciplina financiera por falta de seguimiento, análisis y control sistemático, y exige adoptar las medidas para que situaciones como estas no se repitan.
Por otra parte, se ha podido comprobar el registro incorrecto de ingresos que distorsionan los resultados de déficit o superávit, lo cual requiere de mayor atención.
Se aprobaron por los Consejos de la Administración 624 millones de pesos de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, con un impacto favorable en la población, pero distante aun de generar inversiones, fuentes de empleos y de servicios. Continúa la tendencia a financiar gastos que no están dirigidos a nuevos programas de desarrollo.
El financiamiento destinado para la recuperación de las afectaciones provocadas por eventos climatológicos, ascendió a 311 millones de pesos, se cumple la política aprobada de bonificar el 50 por ciento del precio de los materiales de la construcción y el pago por la Asistencia Social a las personas imposibilitadas de asumir estos gastos.
En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y los controles del Ministerio de Finanzas y Precios al presupuesto, muestra que a pesar de las tensiones económicas y financieras y la falta e inestabilidad del personal calificado, el sistema presupuestario garantizó el funcionamiento de los programas sociales y económicos del país.
Las acciones de control realizadas a las entidades de base y presupuestos locales señalan fisuras y reservas, falta de control de los escasos recursos financieros que dispone el país, la insuficiente jerarquización a estos temas, fundamentalmente de los directivos encargados de administrar y supervisar el presupuesto en cada uno de los niveles de dirección.
La indisciplina informativa y financiera, unidades presupuestadas con exceso de demandas de recursos, es decir, comprometen gastos sin contar con presupuesto, elevadas cifras de faltantes y pérdidas, ausencias de normas de gastos en la elaboración y análisis del presupuesto y los problemas en el Sistema de Tesorería, están entre las violaciones que se cometen, convirtiéndose en causas y condiciones que propician el robo y la corrupción.
En resumen, la ejecución del Presupuesto del Estado en el año 2019, registró un Déficit Fiscal de 6 mil 435 millones de pesos, inferior al aprobado en el Decreto Ley No 1 del 2019 en 594 millones de pesos.
Al evaluar el desempeño presupuestario del año, destacar que a pesar del complejo escenario en que se desenvolvió la economía, se ha podido asegurar la continuidad de las conquistas de la Revolución en beneficio de todo el pueblo, el verdadero protagonista de tal empeño.
Se evidenció también las potencialidades y reservas que se disponen, sobre las que se deben continuar trabajando, reforzando las acciones de control y supervisión en la ejecución presupuestaria a todos los niveles, por lo que se proponen las recomendaciones siguientes:
1. Los Organismos, Sistemas Empresariales, Gobiernos Provinciales y las Administraciones Municipales, revisarán los principales problemas del control presupuestario expuestos en el informe de liquidación del Presupuesto del Estado del año 2019, y propondrán el reforzamiento de las medidas de control y supervisión para la gestión de los ingresos y uso correcto de los gastos presupuestarios en la ejecución del año 2021, Informando de ello al Ministerio de Finanzas y Precios en el mes de enero de ese propio año.
2. El Ministerio de Finanzas y Precios, en su condición de organismo rector, presente al Gobierno en el mes de febrero del año 2021, el resumen de las medidas de control y supervisión que proponen los organismos, OSDE, Gobiernos Provinciales y las Administraciones Municipales para el mejor control del presupuesto de ese año, proponga el seguimiento a su cumplimiento e informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los resultados de su ejecución en el transcurso del año y en el momento de su liquidación.
3. La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, en coordinación con el resto de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, mantendrán las relaciones de trabajo con los órganos y organismos correspondientes para conocer y evaluar la atención y cumplimiento de estas recomendaciones, además de las acciones de control que realizarán sus diputados a la ejecución presupuestaria del año 2021, informando de ello a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el momento de su liquidación.
Finalmente, expresar que las comisiones permanentes de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, consideran que se cumplieron los objetivos para los cuales se concibió el Presupuesto del Estado para el año 2019, con las modificaciones efectuadas por el Consejo de Estado, lo que garantizó la vitalidad y continuidad del proceso económico y social del país, por lo que propone a esta Asamblea Nacional del Poder Popular, que se apruebe el informe de liquidación del Presupuesto del Estado, con las recomendaciones que se presentan en este dictamen.
La Habana, 28 de octubre de 2020.
Comisión Permanente de Asuntos Económicos
Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. (adm)
