Brasilia: Al menos 111 diputados federales tienen hoy caso pendiente en la Justicia penal de Brasil, ya sea por una investigación o responder a alguna acción penal, revela un estudio realizado por el portal Congreso en Foco.
El sitio independiente, relacionado con el Parlamento, indica que localizó los actos judiciales, a partir de los sistemas de consulta pública de tribunales.
Fueron rastreados expedientes en el Supremo Tribunal Federal, el Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, los seis Regionales Federales y los de Justicia de estados.
Para la página digital, resulta posible, sin embargo, que haya más demandas judiciales que las enumeradas.
Además de las que están en secreto, existen cortes que no tienen un medio eficiente de consulta procesal pública.
La nómina de congresistas en ejercicio usado como referencia fue consultada el 28 de mayo y los incluidos son los que ejercían sus cargos en esta fecha, específicamente.
Tal levantamiento exclusivo no incluye acciones de improbidad administrativa, que son de la Justicia civil.
La lista de parlamentarios investigados y acusados se extiende por todo el mapa ideológico, involucrando a 16 de partidos y el Liberal, del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), es el que concentra el mayor número absoluto de ocurrencias.
Resulta variada la relación de crímenes en investigación o en acusaciones.
Aparecen diputados que responden por delitos relacionados con el ejercicio de la función pública, como la corrupción o malversación de fondos, pero también hay imputaciones de crímenes contra el honor, prejuicio y violencia contra la mujer.
Según Congreso en foco, la condición de investigado o acusado, por sí solo, no equivale a culpa.
Precisa que, en una pesquisa, la Justicia puede determinar que el investigado no sea hecho reo después; en una acción penal, él puede ser declarado inocente.
Sin embargo, resulta útil para el votante, sugiere el sitio, seguir los procesos del parlamentario en el que votó, saber qué asuntos tiene pendiente o no en el Poder Judicial.
Un asambleísta específico que responda a una gran cantidad de asuntos penales es un nombre que corre mayor riesgo de perder su mandato. (IVP)