Nuevamente la bancarización ocupa el centro del debate popular. El anuncio en redes del sistema bancario y el Gobierno cubano ratifica la obligatoriedad de que todos los establecimientos operen a través de medios de pago electrónicos, junto a medidas para hacerlos más atractivos.
Entre ellas, se informó que desde el 20 de julio de 2026 se elimina el límite rígido de 5 000 pesos y, a partir del 1 de agosto, se incrementan los umbrales bancarios, se aplica una bonificación del 2 % al comercio por operaciones recibidas mediante pago en línea, se realizará la acreditación en tiempo real y se habilitará la posibilidad de que los mayoristas efectúen pagos a sus proveedores en el exterior desde sus propias cuentas en divisas. Disposiciones que, en las condiciones actuales, enfrentan el reto de hacerse realidad.
Las medidas abarcan centros estatales, trabajadores por cuenta propia y Pymes. Sin embargo, mientras los grandes suministradores sigan negándose a aceptar transferencias —algo denunciado una y otra vez— la efectividad de lo publicado en los municipios será tan real como un unicornio en las calles.
En las comunidades, el drama es cotidiano: clientes que reclaman su derecho y comerciantes que necesitan efectivo para reabastecerse. El resultado es una población desgastada física y mentalmente, atrapada entre tarjetas que no conectan. Porque cuando al fin crees que podrás comprar algo, descubres que la cuenta es de BPA y tu tarjeta es BANDEC. Transacción fallida, manos vacías y la preocupación de una familia que espera lo básico.
En redes sociales abundan ejemplos. Un negocio en La Habana promocionaba ventas y un cliente preguntó si aceptaban transferencias. La respuesta fue que sí, “siempre que hubiera corriente”. El cliente insistió en hacer captura de pantalla y le respondieron: “No cambia en nada que haga captura de pantalla; se hará lo que establezcan en ese momento los dueños del negocio. Pero sí le puedo decir que, para poder ofertar a nuestros vecinos de Regla el pollo sellado más barato del municipio y posiblemente de La Habana, hay que comprarlo en efectivo y en dólares.” Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Urge revisar los sistemas de los proveedores mayoristas, esos que dictan las leyes del mercado y parecen inmunes a lo dispuesto. Mientras ellos se resistan, los negocios en los municipios seguirán ignorando lo legislado o cerrarán sus puertas, y el desabastecimiento se impondrá como norma.
El ir por caminos secundarios ha convertido el asunto en caldo de cultivo para la especulación y ha profundizado las diferencias sociales. El salario, ya insuficiente por la inflación, no alcanza para cubrir necesidades básicas. Y si además no puede emplearse para comprar alimentos y productos, la pregunta inevitable es la de Marco Antonio Solís: “¿A dónde vamos a parar?”
Conclusión: mientras las medidas continúen sin acorralar el meollo del asunto, el pueblo permanecerá atrapado en un círculo de frustración. La bancarización no puede convertirse en un eslogan vacío; debe funcionar como herramienta real que alivie la vida cotidiana.
Seamos efectivos y objetivos en los análisis, y que las normas que de ellos deriven no se queden en discursos, sino transformen la realidad. De lo contrario, pagar seguirá siendo un calvario, cada vez más alejado de convertirse en un acto sencillo, justo y respetuoso.
