La Segunda Ley de Reforma Agraria, firmada por el entonces presidente de cuba Osvaldo Dorticos Torrado, el 3 de octubre del año 1963 significó un paso más en beneficio de los verdaderos dueños de la tierra: el campesinado cubano.
Esta venía a complementar la primera, firmada por Fidel, contundente golpe a la burguesía rural, servil al imperialismo e incompatible con los fines de la Revolución Socialista.
Se proponía impulsar al máximo la agricultura para satisfacer plenamente las necesidades de la población e incrementar el desarrollo económico del país, con la nacionalización y la entrega al Estado cubano de todas las fincas rústicas con una extensión superior a 67 hectáreas (siete caballerías de tierra), con la excepción de aquellas de propiedad común de varios hermanos y que se hubieran mantenido en excepcionales condiciones de productividad desde la promulgación de la primera ley y los propietarios hubieran demostrado total disposición con los planes productivos descritos por la dirección de la agricultura en el país.
Luego gracias al carácter perfectible y dialéctico de la Revolución, se aprobarían los Decretos Ley 259, el no. 300 y el Decreto Ley no. 358, que en su esencia continuaban desarrollando uno de los más importantes temas del Programa del Moncada: el problema de la tierra.
Con ellos se autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo gratuito por tiempo determinado a personas naturales e indeterminado a personas jurídicas para su explotación racional y sostenible atendiendo a la aptitud de los suelos en función de la producción agropecuaria, cañera, forestales y frutales asociadas además a cultivos diversos o la cría de animales, importantísimo regalo a quienes desde entonces y particularmente en medio de los desafíos económicos actuales, batallan por lograr la necesaria soberanía alimentaria, vital para la supervivencia de nuestro pueblo.
