Mayabeque, Cuba: La redacción y puesta en práctica de nuevas leyes continúa este año y el Parlamento Cubano debe cerrar el período con la aprobación de 27 normativas que, en su mayoría, tienen como paradigma la Carta magna refrendada en 2019.
Las legislaciones aprobadas que más acapararon la atención y movieron el debate popular fueron los nuevos códigos, el de las Familias y el Penal, que vienen a reforzar y ampliar los derechos y garantías de las personas.
Ambas leyes se sincronizan entre ellas y con la propia constitución al consagrar los principios de igualdad, no discriminación y la protección de los más vulnerables, expresó el jefe del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial de Mayabeque, Eyne Daniel López Vargas:
“Acogieron en sus postulados lo relacionado con la Convención de los derechos del niño que tiene un impacto en el código penal. En la Ley del proceso penal, que ya está vigente, porque una cosa es el código penal y otra la ley de proceso penal, es decir, cómo hacer el proceso para llegar a la sanción”.
“Esa ley tiene un grupo importante de actos procesales que también protegen a los menores, a la mujer y la familia. Por ejemplo, se brinda una protección especial a los jóvenes que están entre los 16 y los 18 años de edad. Estos no pueden acudir a una unidad de la policía, aun cuando cometan delito, si no van acompañados de uno o ambos padres o sus representantes legales”.
“Se les toman las declaraciones con participación del fiscal y el representante de su defensa, es decir, un abogado. Tenemos casos en la provincia que se han trabajado de esa manera. También en el código penal se indica no imponer medidas detentivas a esos menores. Se les aplicará tratamientos administrativos para evitar sanciones preventivas, salvo en aquellos casos que han cometido varios delitos de manera reiterada, dijo el jurista”.
“Incluso, en los delitos que son graves o muy graves cometidos por los menores, en ese rango de edad, no se les puede imponer sanciones mayores de 20 años de privación de libertad, solo cuando es una sanción conjunta que pudiera llegar hasta los 30 años.”
Tanto en el Código de las Familias como en la nueva legislación penal se hace referencia a las circunstancias agravantes que tienen que ver con la violencia de género y la violencia familiar, subrayó López Vargas.
Los marcos sancionadores se pueden elevar a límites superiores cuando el hecho se comete aprovechando que la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, y es otro elemento en el cual convergen ambos códigos, apuntó.
La prohibición de acercamiento a las víctimas, a sus familiares o personas allegadas, más conocida en las legislaciones de otros países como orden de alejamiento es una novedad en materia de medidas cautelares en la ley procesal, explicó.
“Esto busca precisamente, proteger a la víctima y es algo que no existía en la ley anterior. De hecho, se ha impuesto ya en algunos casos.”
Los puntos de encuentro entre el código de las familias y el penal se evidencian en lo concerniente a la pena de muerte. Hay una voluntad política de suprimir la sanción de pena de muerte. En este código nuevo el delito de violación a la mujer y de pederastia con violencia se unifica en un solo delito que se denomina agresión sexual. Esos delitos tenían previsto anteriormente la pena de muerte. Tampoco se impondrá en los casos de corrupción de menores ni en el robo con violencia o intimidación en las personas.
Sin embargo, se les incorporó a esas contravenciones la privación perpetua de libertad, que es lo que popularmente se le denomina cadena perpetua.
Apuntó, que aunque, cuando no se ha ejecutado la pena de muerte en los últimos años, la tendencia es a ir disminuyendo los delitos en los que se imponga esta medida.
Todavía hay una familia de delitos que tiene incorporada la pena de muerte y son los que tienen que ver con acto de terrorismo y algunas transgresiones complejas muy graves, como aquellas que atentan contra el orden constitucional y el tráfico internacional de drogas.
El nuevo Código Penal entrará en vigor 90 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial, y en cuanto al Código de las Familias, la comisión redactora ya concluyó la versión número 25 de esta norma, enriquecida con los aportes de las consultas populares.
Lili Teresa Toyo Bulnes, Fiscal Jefa del Departamento de Protección a la familia y asuntos jurisdiccionales en la Fiscalía Provincial de Mayabeque, dijo que en septiembre se prevé el proceso de referendo, de ahí que debemos concluir el 2022 con un nuevo Código de las Familias, anunció.
Las leyes mencionadas anteriormente por sí mismas no transformarán la realidad, reflexionó y ofreció algunas claves para hacerlas viables: Estamos obligados a la especialización de todos los miembros del sector jurídico y otros actores de la sociedad, como el grupo de prevención a todos los niveles, Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Educación, entre otros, en función de dotar la ley de una práctica efectiva. Tenemos que lograr la sensibilización y fomentar una cultura de paz y el ánimo conciliatorio en la sociedad.
