Bolivia a la búsqueda de camposantos.

Si el gobierno de facto de Bolivia abandonara tan solo transitoriamente la obsesiva persecución de opositores y atendiera sus obligaciones, la pandemia por la COVID-19 sería menos traumática, porque hasta los cementerios resultaron insuficientes.
Varias ciudades afrontan una situación nunca vista, al acercarse el tope de las capacidades de varias necrópolis.
En un contexto normal, el camposanto de La paz asume 450 entierros mensuales, pero en julio el número creció casi cinco veces.
En la vistosa ciudad de Santa Cruz, el cementerio municipal quedó colmado y las autoridades debieron habilitar un segundo emplazamiento y trabajar en un tercero.
NO está claro si extremistas poderosos residentes en ese emporio conservador como Luis Fernando Camacho, promotor del golpe contra el ex presidente Evo Morales, se interesa por la tragedia.
Seguramente Camacho desvía la atención para ignorar cómo en Santa Cruz, al igual que en otras ciudades, familiares de fallecidos cavan tumbas, mientras conviven con los muertos en sus casas hasta conseguirles el refugio eterno.
Claro, siempre en medio de las crisis surgen iniciativas de hombres de negocios como los artífices de crematorios móviles, de cuyo prototipo vendieron ya media docena en Bolivia.
Hacia esos hornos portátiles pudieran ir los extintos acumulados en las calles, pues en los últimos cinco meses equipos especializados recogieron de arterias citadinas y casas los despojos de cerca de cuatro mil personas.
Se trata de una de las consecuencias de la errática atención del gobierno de facto de Bolivia a la pandemia.
Los funcionarios solo reaccionaron para ordenar la expropiación de hospitales y cementerios privados en dos ciudades, y así evitar el perturbador desborde mortuorio.
Con ONCE millones de habitantes, Bolivia se acerca a las dos mil defunciones generadas por casi 55 mil contagios.
NO obstante, numerosos desenlaces fatales quedaron sin consignar oficialmente y los servicios sanitarios prescindieron de hacer autopsias a sospechosos.
El régimen encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez insiste en eludir la responsabilidad por los contagios paralelos, NO reportados o atendidos en los hospitales.
Los sediciosos solo tienen tiempo para tratar de postergar las elecciones y fabricar sumarios espectrales contra líderes del Movimiento al Socialismo y de organizaciones sociales.

Tomado de Radio Habana Cuba

Redacción digital

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